El banco debe responder en caso de haber pagado cheques adulterados

Así fue decidido por la sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal en el juicio seguido por E. C. de B. c/Banco de la Provincia de Buenos Aires.
El objeto de la pretensión del cliente era el de obtener la reparación de los daños y perjuicios que le había ocasionado el pago indebido de tres órdenes de pago, expresadas en “patacones”, con firmas falsificadas, así como en formularios que no pertenecían a las libretas que le habían sido entregadas.
La sentencia hizo lugar a la demanda con más los intereses correspondientes desde la fecha en que fueron abonadas dichas órdenes de pago. Se tuvo en cuenta para ello, tanto la pericia caligráfica realizada en el juicio penal cuanto la del mismo proceso.
Lo particular del caso es que, a pesar de que los jueces entendieron que las firmas insertas en los cheques no eran manifiestamente falsas, hicieron hincapié, para responsabilizar al banco, en que fue probado en la causa que las mismas no habían sido extendidas en las fórmulas entregadas al cliente.
Hay que recordar que el art. 35 de la ley 24.452 dispone, entre otros supuestos, que el banco responderá por las consecuencias del pago de un cheque cuando la firma del librador fuese visiblemente falsificada y también cuando el cheque no hubiese sido extendido en alguna de las fórmulas entregadas al librador.
En la sentencia que analizamos se dijo “…que la determinación de la visibilidad de la falsificación del documento para hacer o no responsable al banco está confiada a la directa y personal apreciación de los jueces, quienes pueden recurrir al asesoramiento de peritos para conocer los aspectos técnicos de la fraudulenta confección del instrumento y, que la valoración del magistrado realizada bajo las reglas de la sana
crítica es la que debe prevalecer.”
Es que no se cuestiona la adulteración misma, sino la posibilidad de advertirla obrando con diligencia. Dijeron los jueces en este caso que “…Se trata de juzgar no con el criterio técnico de un pericia caligráfica, sino con el que se emplea en la práctica del comercio bancario para establecer si un cheque es –a simple vista- falsificado o legítimo.”
Se otorga preeminencia a la apreciación del juez para establecer si la falsificación pudo ser advertida a simple vista, por ser efectuado por quien profesionalmente cumple con tal actividad, bien que con la rapidez que exige la práctica bancaria.
En el caso llevado a juicio, los peritos sostuvieron que las firmas de las órdenes de pago aunque falsas, no se encontraban visiblemente adulteradas.
Sin embargo, lo determinante fue que no pertenecían a las libretas entregadas por el banco al cliente titular de la cuenta y habían sido confeccionadas por el autor del ilícito en soporte papel que correspondía a los originales que el banco utilizaba en las generalidad de las operaciones de ese tipo.
Las órdenes de pago, según el perito que actuó en el juicio, se encontraban adulteradas en el espacio destinado a sus datos variables, tales como sucursal, número de cheque, y código de banco personalizado, pero el papel era el original correspondiente a un cheque de la institución bancaria y contenía todas las medidas de seguridad que correspondían a esa especie de instrumentos.
La técnica utilizada por los delincuentes, consistió en el raspado del espacio en cuestión, y la consecuente pérdida del satinado en los sectores en donde fueron realizadas las falsificaciones, las que utilizando el detector de fluorescencia a veces no se descubren.
Según el Juez de Cámara Dieuzeide, disintiendo con la opinión del perito que actuara en la causa, entendió que las adulteraciones en el lugar destinado a los datos variables (raspados, imperfecciones) eran visibles, aunque señaló que la norma no exime al banco de responsabilidad cuando los formularios no son aquéllos entregados al cliente por el propio banco; en este supuesto, el empleado del banco debe examinar con cuidado el
cheque, a fin de asegurarse de que efectivamente pertenece a la libreta de cheques del librador.
Se considera que el banco tiene una responsabilidad profesional que deriva de las condiciones que le son exigidas por la autoridad pública para la realización de su actividad; el banco es poseedor de la infraestrucura necesaria para el cumplimiento de las prestaciones a su cargo, lo que provoca que recaiga sobre él riesgo consecuente.
La conducta de la entidad bancaria no puede ser juzgada con una medida idéntica a la aplicable a un neófito, pues su actividad profesional debe ajustarse a un estandar de responsabilidad agravada. No es ocioso destacar que, en estos tiempos, el proveedor de bienes y servicios no puede alegar el desconocimiento de errores o defectos, ni escudarse en su falta de intención maliciosa.
En síntesis, en casos como el comentado, se presume una marcada negligencia del banco al no comprobar que el formulario en que fue librado el cheque pertenece al cliente.
Y esto es porque es la institución bancaria quien está en mejor situación para controlar el carácter genuino de la orden de pago; en otras palabras, el banco debe tomar las medidas de seguridad adecuadas para que la adulteración de los formularios pueda ser advertida.
Este deber de vigilancia debe ser ejercido recurriendo a los medios disponibles que asegure su cumplimiento eficaz, dentro de parámetros razonables y conforme al avance de la tecnología conocida y existente al momento en que el control sea realizado.
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